En una medida que plantea preguntas críticas sobre la transparencia gubernamental y los derechos civiles, la ACLU de Nevada ha presentado una demanda contra el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD), alegando que el departamento está reteniendo registros públicos sobre su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE). El desafío legal se produce tras múltiples solicitudes de registros denegadas y crecientes preocupaciones sobre las prácticas recientemente adoptadas por el LVMPD, que podrían poner en riesgo a inmigrantes y ciudadanos naturalizados.

En el centro de la demanda está la decisión del LVMPD de firmar un acuerdo 287(g) con ICE, un programa federal polémico que otorga a la policía local la autoridad para llevar a cabo funciones de aplicación de la ley de inmigración. Esta asociación, en la que el LVMPD había negado previamente participar, faculta a los agentes para ejecutar órdenes civiles de inmigración y detener a personas hasta 48 horas más allá de su liberación programada. Los críticos advierten que esta delegación de poder es propensa al abuso, especialmente cuando opera sin supervisión ni conocimiento público.

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A estos problemas se suma la política de “nacidos en el extranjero” adoptada recientemente por el departamento, implementada en enero de 2025. Según la ACLU, la política exige que el LVMPD notifique a ICE cada vez que una persona etiquetada como “nacida en el extranjero” sea ingresada en la cárcel, sin importar su estatus migratorio. En una era de mayor escrutinio federal sobre los ciudadanos naturalizados, esta práctica abre la puerta al perfilamiento racial y la detención injusta, especialmente cuando los criterios para dicha etiqueta siguen siendo poco claros y no documentados.

A principios de este año, en enero y junio, la ACLU presentó dos solicitudes de registros públicos en busca de documentación sobre el acuerdo 287(g) y la política de notificación de “nacidos en el extranjero”. El LVMPD no ha respondido, una decisión que, según la ACLU, viola la Ley de Registros Públicos de Nevada (NPRA). “Lo que se hace en la oscuridad saldrá a la luz”, dijo Athar Haseebullah, Director Ejecutivo de la ACLU de Nevada. “Los nevadenses merecen transparencia. Veremos al LVMPD en la corte.”

Las implicaciones de esta batalla legal van mucho más allá del papeleo. Los grupos de defensa temen que políticas como estas, cuando están envueltas en secreto, pongan en peligro los derechos de comunidades enteras, especialmente de inmigrantes, nevadenses negros y morenos, e incluso ciudadanos estadounidenses que podrían ser señalados por error. A medida que la naturalización se convierte en un estatus legal más frágil bajo la ley federal, el peligro de asociaciones locales-federales silenciosas como esta se vuelve imposible de ignorar.

Ahora que la demanda ha sido presentada, la pregunta que enfrenta Las Vegas no es solo si el LVMPD será legalmente responsable, sino si una cultura más amplia de silencio en torno a la aplicación de la ley de inmigración finalmente se romperá. Para las comunidades inmigrantes y sus aliados, lo que está en juego no es solo legal; es personal, constitucional e inmediato.