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El Proyecto de Ley de la Asamblea No. 4 llegó a la Legislatura de Nevada enmarcado como una medida integral de seguridad pública, destinada a responder a las preocupaciones sobre el creciente desorden en los corredores más transitados del estado.

Se extiende por sesenta y ocho páginas y toca casi todos los aspectos del código penal, creando nuevos delitos graves, elevando las penas para los existentes y autorizando una serie de cambios judiciales y correccionales. Sus defensores dicen que es una realineación necesaria de la seguridad pública. Pero el proyecto también ha generado una conversación paralela sobre quién cargará con el peso de esas herramientas.

Lo Que Hace la Ley

La medida amplía la definición de varios delitos. Se crea una nueva infracción por dañar intencionalmente propiedades dentro de un establecimiento comercial durante un robo, y si el valor combinado alcanza los $750, se convierte en un delito grave de Categoría C. Las disposiciones sobre asalto y batería se amplian para proteger a los trabajadores de la hospitalidad y a ciertos empleados estatales o locales. Las penas por conducir bajo los efectos del alcohol causando la muerte aumentan, especialmente para personas con condenas previas.

La parte más debatida del proyecto es un mecanismo estructural que se encuentra en el medio del texto. El AB 4 requiere que la Comisión del Condado de Clark designe ciertos “corredores” geográficos donde se dice que el crimen representa un riesgo sustancial para la seguridad pública y el bienestar económico. Dentro de estos corredores, la ley ordena a los tribunales imponer un castigo obligatorio a cualquier persona que cometa una segunda infracción menor en dos años: al menos un año de exclusión del propio corredor.

Zonas de Exclusión: ¿Seguridad o Desplazamiento?

Es la creación de ese límite — el trazado formal de líneas alrededor del espacio público — lo que se ha convertido en el foco de preocupación. Los defensores de las libertades civiles describen la penalidad como una forma moderna de destierro interno, que podría desconectar a una persona de centros de transporte, empleos, servicios sociales y atención médica.

En papel, la regla se aplica por igual a todos. En la práctica, los críticos argumentan que las zonas de exclusión funcionan de manera predecible dentro de un sistema donde los arrestos por infracciones de bajo nivel recaen de manera desproporcionada en comunidades negras, indígenas y latinas, y en personas sin hogar.

Los opositores llaman la atención sobre la geografía de la aplicación. Los corredores de alto turismo son también lugares donde las personas sin hogar duermen, buscan sombra o acceden a servicios, precisamente porque son las pocas áreas con iluminación constante, tráfico peatonal o proximidad al transporte. Para los críticos, el AB 4 no es una estrategia de seguridad pública sino una estrategia de desplazamiento.

La Pregunta Central

Subyacente a estos argumentos hay una pregunta más profunda sobre el propósito del espacio público y quién se considera que pertenece a él. Los defensores hablan de seguridad compartida e intereses económicos compartidos. Los críticos hablan de patrones que convierten la pobreza en un delito y la movilidad en un privilegio.

El desafío de Nevada — y la pregunta en el corazón del proyecto de ley — es si la seguridad pública y la pertenencia pública pueden legislarse sin borrar una en servicio de la otra.