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Cinco años después de las protestas más grandes en décadas, Cuba tiene más presos políticos que nunca. El régimen ya no espera a que la gente salga a la calle: los detiene antes.

Prisoners Defenders documentó 1.306 presos políticos en Cuba al cierre de junio de 2026, la cifra más alta desde que la organización comenzó a llevar el registro. Cuarenta de ellos fueron detenidos siendo menores de edad, otro récord: dieciséis permanecen encerrados en centros penitenciarios para adultos. El informe llega dos días antes del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, la mayor movilización antigubernamental registrada en la isla desde 1959.

Solo en junio, la organización verificó 32 nuevos casos y mantiene otros 21 en proceso de investigación. En los últimos doce meses, entre julio de 2025 y junio de 2026, se sumaron 264 nuevos presos políticos, un promedio de 22 por mes. “El régimen cubano acaba de marcar dos siniestros nuevos récords de represión a las puertas del quinto aniversario del 11J”, declaró Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, a Infobae.

El patrón cambió. Según el informe conjunto de Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, el régimen desplazó su capacidad represiva de la reacción posterior a la protesta hacia la identificación preventiva de ciudadanos críticos mediante vigilancia digital y seguimiento territorial. De los 114 presos políticos encarcelados durante el primer semestre de 2026 específicamente por ejercer derechos de manifestación, asociación y expresión, 22 fueron detenidos por su actividad en redes sociales antes de que ocurriera ninguna protesta. Nueve de ellos son adolescentes de entre 15 y 17 años.

El informe documenta 458 presos políticos con enfermedades graves o crónicas y 53 con trastornos mentales severos, todos sin atención médica adecuada. Carlos Alberto MacDonald Ennis fue liberado el 12 de junio tras más de dos años en prisión preventiva: desarrolló un tumor maxilar sin tratamiento y salió pesando 48 kilogramos. Juan Enrique Pérez Sánchez, condenado a ocho años por su participación en las protestas del 11J, contrajo tuberculosis en la cárcel. “La privación deliberada de la atención médica se utiliza de forma sistemática como un instrumento de represión y de tortura”, dijo Larrondo.

Días antes del aniversario, decenas de activistas fueron impedidos de asistir a una recepción organizada por la embajada de Estados Unidos en La Habana por el 250 aniversario de la independencia estadounidense. Las autoridades desplegaron cercos domiciliarios, detenciones arbitrarias y traslados forzosos para evitar que llegaran. Cuba ocupa el primer lugar mundial en desapariciones forzadas ejecutadas por su propio gobierno, con 193 de las 194 Acciones Urgentes presentadas ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas promovidas por Prisoners Defenders.

Larrondo dirigió su crítica más dura a los gobiernos que, según él, permiten que la represión continúe sin consecuencias. Mencionó a España, la Comisión Europea y Canadá entre los actores que no se pronuncian ni defienden públicamente a las nuevas víctimas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió la liberación inmediata de los presos políticos cubanos a cinco años de las protestas, según reportó Infobae.

Desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de junio de 2026, más de 2.100 personas pasaron por las cárceles cubanas por motivos políticos. La isla entra al sexto año después del 11J con un aparato represivo más sofisticado que el que enfrentó las protestas originales, no más débil. La pregunta que queda planteada no es si el régimen puede seguir reprimiendo. Los números dicen que puede. La pregunta es cuánto tiempo más el resto del hemisferio decide no verlo.