Casi ocho millones de jubilados brasileños pagaron durante años descuentos que jamás autorizaron. La Policía Federal terminó de nombrar a quiénes se quedaron con el dinero.
La Policía Federal de Brasil acusó formalmente el 14 de julio a 48 personas por su participación en un esquema que desvió hasta 6.300 millones de reales, unos 1.240 millones de dólares, de las jubilaciones y pensiones administradas por el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS). El informe final de la Operación Sin Descuento, de 265 páginas, quedó en manos del ministro André Mendonça, relator del caso en el Supremo Tribunal Federal.
Entre los acusados figura Alessandro Stefanutto, expresidente del INSS desde julio de 2023, señalado por integrar una organización criminal dedicada al lavado de dinero y la corrupción pasiva. También responde Antônio Carlos Camilo Antunes, el lobista conocido como “Careca do INSS”, identificado por la Policía Federal como uno de los principales articuladores del esquema y preso desde el 12 de septiembre de 2025.
Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores Familiares y Emprendedores Familiares Rurales (Conafer), enfrenta cargos por organización criminal, lavado de dinero agravado y corrupción activa agravada. Ferreira Lopes permanece prófugo desde el año pasado. La Policía Federal calcula que solo el núcleo vinculado a Conafer movió 708 millones de reales, unos 127,4 millones de euros, entre 2019 y 2024.
El mecanismo no requería sofisticación. Asociaciones y sindicatos aplicaban descuentos mensuales directamente sobre los beneficios de jubilados y pensionistas, como si estos se hubieran afiliado voluntariamente. Según la Controladoria-Geral da União, entre 2016 y septiembre de 2024 más de 7,6 millones de personas sufrieron estos descuentos no autorizados, el equivalente al 22% de todas las jubilaciones y pensiones pagadas por el sistema de previsión brasileño.
La lista de acusados incluye además al diputado federal Euclydes Pettersen, vinculado a Conafer, y a José Carlos Oliveira, exministro de Previsión Social y expresidente del INSS durante el gobierno de Jair Bolsonaro entre 2019 y 2023. La causa alcanzó también al exprocurador general del instituto, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho.
El escándalo se convirtió en arma política. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva atribuye el origen del fraude a la administración de Bolsonaro, hoy en prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado. Los aliados de Bolsonaro, a su vez, intentan vincular el caso a la gestión de Lula. Una comisión parlamentaria de investigación llegó más lejos que la Policía Federal: su relator propuso denunciar a 216 personas, entre exdirectores del INSS, exministros y representantes de asociaciones de jubilados.
La investigación también tocó al círculo de Lula. Fábio Luís Lula da Silva, hijo mayor del presidente y conocido como “Lulinha”, fue investigado por presuntos vínculos con “Careca do INSS”. La Policía Federal y la comisión parlamentaria rompieron su sigilo bancario y de comunicaciones para rastrear conexiones. El informe entregado el 10 de julio no lo incluyó entre los imputados.
El caso pasa ahora a la Procuraduría General de la República, que decidirá si presenta la denuncia formal, archiva el proceso o pide nuevas diligencias. Ninguno de los 48 acusados ha sido condenado. Pero el número que no se discute es el de las víctimas: 7,6 millones de jubilados brasileños, muchos de los cuales aún no saben que durante años financiaron, sin saberlo, el esquema que los desangró.
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