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El gobierno de José Antonio Kast ganó su primera gran batalla legislativa. La ganó por dos votos, con más de la mitad del país en contra, y todavía no puede promulgarla.

El Senado de Chile aprobó el jueves 16 de julio de 2026 la mayor parte de la megarreforma económica y tributaria impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast, tras un debate de doce horas que se extendió hasta casi las tres de la madrugada. La votación decisiva, sobre el artículo que fija la invariabilidad tributaria para las grandes inversiones, terminó 26 votos a favor y 24 en contra.

El núcleo de la reforma reduce de forma escalonada el impuesto de primera categoría para las grandes empresas: de 27% a 25,5% en 2027, a 24% en 2028 y a 23% desde el año comercial 2029. La norma también congela por dos décadas la carga tributaria para los proyectos de mayor envergadura: diez años de estabilidad para inversiones de entre 50 y 100 millones de dólares, quince años para las de entre 100 y 350 millones, y veinte años para las que superen los 350 millones.

El paquete incluye además la exención del pago de contribuciones para adultos mayores de 65 años propietarios de su primera vivienda, un mecanismo de “derecho al olvido financiero” que obliga a borrar de los registros las deudas prescritas o extinguidas después de cinco años, y la restitución de gastos a empresas cuyos proyectos hayan sido revocados por motivos ambientales.

“Hoy es un día importante para Chile, el país necesita crecer y este proyecto lo hace posible”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al cierre de la votación. El gobierno defiende la reforma como una herramienta para atraer inversión, generar empleo y reactivar una economía que no se recuperó por completo del golpe de la pandemia: en el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto chileno cayó 0,5% y el desempleo llegó a 9,4% entre marzo y mayo, según cifras oficiales.

La oposición de izquierda calificó de irregular el mecanismo de reembolso a empresas y anunció que presentará tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional, entre ellos uno contra la cláusula de invariabilidad tributaria. “Lo que ha hecho la derecha es entregar una amnistía tributaria”, dijo la senadora demócrata cristiana Yasna Provoste. La senadora Beatriz Sánchez, del Frente Amplio, fue más allá con los números: “Cada punto que se rebaja son 420 millones de dólares menos para la recaudación del Estado.”

Académicos citados por Infobae advirtieron que la cláusula de invariabilidad tributaria podría limitar la capacidad de futuros gobiernos para modificar la política fiscal durante décadas. Es un giro de fondo: desde 2014, los sucesivos gobiernos de centroizquierda habían apostado por aumentar la carga tributaria corporativa y ampliar el rol redistributivo del Estado, según explicó a la agencia AFP el politólogo Rodrigo Arellano, de la Universidad del Desarrollo.

La reforma tampoco goza de respaldo popular. Según la encuestadora Cadem, 56% de los chilenos rechaza la rebaja de impuestos a las empresas, y la desaprobación del presidente Kast alcanza el 60%. Aun así, la aprobación en el Senado representa la primera victoria legislativa relevante para el gobierno de derecha que asumió el 11 de marzo de 2026 tras ganar el balotaje de diciembre con más del 58% de los votos en las dieciséis regiones del país.

El proyecto todavía no es ley. Volvió a la Cámara de Diputados por las modificaciones incorporadas en el Senado, y este lunes 3 de agosto la cámara alta debía votar además el mecanismo de compensación a los municipios que perderán recaudación por la exención a los adultos mayores, un punto que dividió a los propios alcaldes. Kast ganó la batalla de julio. Falta ver si su reforma sobrevive el control constitucional y llega intacta a la letra de la ley.