Daniel Ortega dijo que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”. Veintinueve países de la OEA respondieron convocando la reunión de más alto nivel diplomático que existe en el organismo. Managua ni siquiera estaba en la sala: se retiró en 2023.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó el miércoles 19 de agosto convocar de forma urgente una reunión de consulta de cancilleres para abordar la situación de Nicaragua, después de que el presidente Daniel Ortega declarara que en el país “no volverán a haber elecciones”. La resolución obtuvo el respaldo de 29 países miembros; México se abstuvo y Brasil votó en contra.
Ortega hizo la declaración el 19 de julio, durante un acto en Managua por el 47 aniversario de la revolución sandinista. “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, dijo, refiriéndose a la oposición. El anuncio llegó nueve días antes de que la presidencia de la Asamblea Nacional presentara, el 28 de julio, una reforma constitucional que extiende de seis a siete años el mandato de la llamada “copresidencia” que Ortega comparte con su esposa, Rosario Murillo, y lo convierte en renovable.
La reforma no se detiene en la Presidencia. Según el texto que analizó Infobae, el proyecto eleva a rango constitucional la exclusión de quienes el régimen catalogue como “golpistas” o “traidores a la patria” y extiende el mismo período de siete años al jefe del Ejército, a los directores de la Policía Nacional y a cerca de 7.000 cargos adicionales, entre electivos y ratificados por el Parlamento. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, tiene previsto votarla en primera legislatura el 1 de septiembre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos repudió tanto el anuncio como la reforma y reiteró su llamado a los Estados miembros de la OEA para que usen los mecanismos disponibles bajo la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Un primer intento de resolución, presentado el 5 de agosto, no llegó a votarse: según el exasesor de la Secretaría General de la OEA Guillermo Belt, faltaban los 18 votos necesarios para garantizar su aprobación.
Dos semanas después, esos votos aparecieron. Estados Unidos, junto con Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago copatrocinaron el proyecto que finalmente se aprobó el 19 de agosto. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, pidió al organismo mostrar “más que palabras en un papel” y dijo que los Estados miembros “no tenemos que estar ociosos allí simplemente condenando acciones”.
La reunión de consulta de cancilleres es, según la Carta de la OEA, el mecanismo de mayor jerarquía diplomática al que puede recurrir el organismo, reservado para asuntos de “carácter urgente y de interés común”. Puede derivar en la degradación de relaciones diplomáticas o en presión económica coordinada, aunque una expulsión de Nicaragua, como ocurrió con Cuba en 1962, no es jurídicamente posible: el país ya completó su salida formal de la organización en 2023, tras el propio Ortega activar el proceso.
México justificó su abstención apelando al diálogo. “Proponemos privilegiar el diálogo, tender puentes y buscar soluciones pacíficas, con pleno respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, dijo la misión mexicana, encabezada por Alejandro Encinas. Tras conocerse el resultado de la votación, Rosario Murillo calificó a los opositores en el exilio de “mercenarios”, “traidores” y “cobardes” en su mensaje diario por medios oficialistas, sin mencionar directamente a la OEA.
El opositor exiliado y expreso político Juan Sebastián Chamorro calificó la votación como una “apabullante victoria de la democracia en Nicaragua”. Pero la victoria diplomática no cambia el calendario: la Asamblea Nacional sigue camino a votar la reforma el 1 de septiembre, y Nicaragua, fuera de la OEA desde hace tres años, no está obligada a acatar ninguna resolución que el organismo apruebe en su contra. La reunión de cancilleres todavía no tiene fecha.
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