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Abelardo de la Espriella lleva doce días como presidente de Colombia. Ya entregó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría un documento de 135 páginas con 82 casos de presunta corrupción del gobierno que acaba de dejar el poder. Gustavo Petro responde que ninguno de esos casos es delito.

El presidente Abelardo de la Espriella entregó el martes 18 de agosto a la Fiscalía General de la Nación el documento titulado “El libro de la verdad”, un informe de 135 páginas que reúne 82 casos que su gobierno señala como posibles hechos de corrupción durante la administración de Gustavo Petro (2022-2026). El mismo texto fue remitido a la Procuraduría y a la Contraloría para que ambas entidades determinen si existen responsabilidades disciplinarias o fiscales.

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El hallazgo más citado del informe es la llamada “nómina paralela”: el gobierno saliente habría firmado cerca de 900.000 contratos bajo la modalidad de prestación de servicios, un compromiso financiero cercano a los 15 billones de pesos, según el documento. De la Espriella también denunció que en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se perdió el rastro de más de 1 billón de pesos, un dato que cobra peso adicional porque esa es la entidad que conduce la respuesta al terremoto del 10 de agosto: según el informe, apenas se ejecutó el 4,3% de los 5.000 millones de dólares asignados durante el gobierno de Petro.

El documento también señala el programa Colombia Mayor, cuyo presupuesto se habría agotado entre enero y julio de 2026, dejando en riesgo la atención de cerca de tres millones de adultos mayores, y una asignación de 6,8 billones de pesos para equipos básicos de salud sin la ejecución correspondiente. Otro capítulo aborda a la empresa de energía Air-e, que pasó de un patrimonio de 2,22 billones de pesos en 2023 a un déficit de 377.662 millones en 2025, con pérdidas acumuladas de 2,5 billones durante la administración saliente.

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“El país quiere saber quiénes permitieron el desastre, quiénes se beneficiaron del saqueo y quiénes lo dejaron pasar”, dijo De la Espriella al presentar el informe, en el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción. Según el mandatario, el nivel de endeudamiento del país llegó al 61% del Producto Interno Bruto, el más alto de la historia nacional colombiana. “No le estoy pidiendo a la justicia una condena anticipada”, aclaró. “Le estoy entregando información para que puedan ustedes hallar la verdad de lo que ocurrió.”

El vicepresidente José Manuel Restrepo, coordinador del empalme anticorrupción del nuevo gobierno, defendió la decisión de mezclar denuncias penales con críticas de gestión en un mismo documento. “No necesariamente todos son actos sujetos de investigación por parte de la Fiscalía, pero son actos que no representan un buen manejo de la cosa pública”, dijo en entrevista con Blu Radio. Restrepo adelantó además que el libro presentado es apenas el primero de varios que su equipo prepara.

Gustavo Petro restó peso al informe al día siguiente. “No hay libro forense entregado por Abelardo a la Fiscalía. Se trata de 23 hechos que son políticas públicas que hemos defendido y no son delito”, escribió en X, una cifra que contrasta con los 82 casos que cita el propio gobierno de De la Espriella. El expresidente, que dejó el cargo el 7 de agosto, exigió que cada ministro y ministra de su antiguo gabinete “responda de inmediato” a los señalamientos. “En dónde haya algún delito su merecido es la pena”, agregó.

El excandidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien perdió la segunda vuelta ante De la Espriella el 21 de junio, se sumó a los cuestionamientos sobre el origen del documento: según Cepeda, la información se recolectó durante las reuniones del fallido proceso de empalme entre los equipos de ambos gobiernos, después de que Petro y De la Espriella optaran por no reunirse cara a cara al cierre de la transición.

La Fiscal General anunció, según De la Espriella, un grupo especial que investigará desde el punto de vista penal los hechos del informe. Nada de eso resuelve la disputa de fondo: un gobierno dice que entregó pruebas de saqueo estatal; el anterior dice que entregó política pública disfrazada de delito. Entre ambas versiones hay 900.000 contratos, un billón de pesos sin rastro y un país que, doce días después del cambio de mando, ya discute si el nuevo gobierno gobierna o litiga contra el que se fue.