La administración Trump está demandando a Nevada por negarse a entregar los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social de cada votante registrado. La respuesta de Nevada: no.
El Departamento de Justicia de EE. UU. demandó a Nevada en diciembre, exigiendo que el estado entregue su padrón electoral completo y sin redactar — incluyendo el nombre completo, fecha de nacimiento, dirección particular, número de licencia de conducir y los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social de cada votante registrado, según la ACLU de Nevada, que ha intervenido en el caso. Nevada es uno de al menos 30 estados que el DOJ ha demandado por la misma exigencia.
El DOJ argumenta que la divulgación es requerida bajo el Título III de la Ley de Derechos Civiles de 1960, una ley originalmente redactada para desmantelar tácticas de supresión de votantes como los impuestos electorales y las pruebas de alfabetización dirigidas a votantes negros. La oficina del fiscal general de Nevada, Aaron Ford, que representa al secretario de estado Francisco Aguilar, calificó esa teoría legal de forzada en una moción de desestimación presentada en enero.
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Nevada ya le había proporcionado al DOJ una lista de registro de votantes en julio, sin los campos sensibles que la ley estatal clasifica como confidenciales, según la moción de Ford. El DOJ rechazó esa respuesta y en agosto volvió a exigir el archivo completo, incluidos los dígitos del Seguro Social que la ley de Nevada protege explícitamente.
Aguilar dijo en un comunicado que su oficina le hizo al DOJ preguntas repetidas sobre cómo se protegerían los datos y no recibió respuestas claras. Dijo que las solicitudes funcionan menos como una supervisión rutinaria y más como un intento de intimidar a los funcionarios electorales estatales de cara a las elecciones intermedias de 2026.
Un grupo de exempleados del DOJ le dijo a un tribunal de California que revisa un caso similar que el propósito declarado del gobierno — verificar el cumplimiento de los estados con las leyes federales de mantenimiento de listas de votantes — no se sostiene. Argumentaron que el objetivo real parece ser construir una base de datos nacional de votantes que el Departamento de Seguridad Nacional podría usar, algo que el Congreso nunca ha autorizado.
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Grupos de defensa se han sumado a la lucha específicamente en Nevada. La Conferencia de la NAACP de Idaho, Nevada y Utah, la Alianza de Nevada para Estadounidenses Jubilados y el Instituto para un Nevada Progresista se movieron para intervenir en el caso en diciembre, junto con la ACLU de Nevada y un votante naturalizado.
La moción de desestimación de Nevada todavía está pendiente. Decida lo que decida un juez, los casi 2.2 millones de votantes registrados del estado no tendrán voz sobre si sus dígitos del Seguro Social terminan en una base de datos federal — esa decisión le corresponde por completo a un tribunal que todavía no ha fallado.
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