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El gobierno interino de Venezuela liberó a 131 personas detenidas por motivos políticos. Marco Rubio lo llamó un paso crucial hacia la reconciliación. Las organizaciones de derechos humanos responden con una cifra distinta: más de 300 siguen presos.

El gobierno interino de Venezuela anunció el viernes 14 de agosto el otorgamiento de “medidas alternativas a la privación de libertad” para 131 personas detenidas por su presunta o comprobada participación en delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano. La medida llegó dos días después de que representantes del gobierno interino y de la oposición concluyeran una primera ronda de conversaciones de reconciliación nacional, siete meses después de la caída de Nicolás Maduro.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos documentó la salida de 25 personas vinculadas al llamado expediente de Plaza Venezuela desde la prisión El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, un centro penitenciario que ha recibido denuncias de tortura. Unas 50 personas fueron arrestadas en 2025 por ese caso, acusadas de terrorismo por su presunta participación en un plan para derrocar a Maduro que incluía la detonación de explosivos en Caracas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la decisión como “un paso crucial” hacia la reconciliación nacional y precisó que 1.046 venezolanos fueron excarcelados desde el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas durante una operación militar. Rubio dijo que Washington continuará “monitoreando de cerca” el desarrollo de las negociaciones y el cumplimiento del plan de tres fases: estabilización, recuperación y transición.

La jefa negociadora opositora, Dinorah Figuera, se había comprometido el jueves anterior a impulsar la liberación de presos políticos tras el ciclo inicial de conversaciones con el gobierno interino. La ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, declaró en la televisión estatal VTV que la revisión de casos “ha conducido a varias tandas de liberaciones” con el objetivo de “seguir en el camino del reconocimiento, de la reconciliación y en la búsqueda de la convivencia democrática”.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, exigió ir más lejos. “Absolutamente todos, civiles y militares, deben ser liberados ya”, escribió en X. El Foro Penal advirtió que la mayoría de quienes salieron de prisión lo hicieron bajo medidas cautelares sustitutivas, que implican restricciones de salida del país y presentación periódica ante tribunales, no libertad plena. “Es un avance indispensable que las excarcelaciones se hayan reanudado de forma efectiva, pero el objetivo central debe ser que este proceso no se detenga hasta que no quede un solo preso político tras las rejas”, dijo Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal.

La distinción entre excarcelación y libertad plena no es un tecnicismo. Una persona que sale de prisión pero permanece bajo arresto domiciliario, prohibición de salida del país o presentación periódica ante tribunales no ha recuperado la libertad que reclama su familia. El propio comunicado gubernamental no especificó, caso por caso, qué tipo de medida recibió cada una de las 131 personas.

Entre los casos individuales, el del Comité por la Libertad de los Presos Políticos citó a una mujer con familiares vinculados al caso Plaza Venezuela que había sido condenada a 30 años de prisión por cargos de homicidio calificado frustrado, terrorismo y traición a la patria. Tras su liberación, insistió en que su lucha no termina con la libertad de sus propios parientes: espera la de todos los detenidos.

Washington cuenta 1.046 excarcelaciones desde enero. Las ONG venezolanas cuentan más de 300 personas que, según sus registros, siguen privadas de libertad por motivos políticos. Ambas cifras pueden ser ciertas al mismo tiempo, y esa es precisamente la distancia que separa un comunicado de reconciliación de una cárcel vacía.