Un juicio que comenzó esta semana en un tribunal de Las Vegas podría costarle a los contribuyentes de Nevada miles de millones de dólares — y reconfigurar para siempre cómo se regula el recurso más escaso del estado.
Los desarrolladores californianos detrás de la fallida comunidad planificada de Coyote Springs buscan al menos $1,500 millones, más intereses y honorarios de abogados, de parte del estado de Nevada, según documentos judiciales. El juicio sin jurado, que comenzó el miércoles ante el juez del Tribunal de Distrito del Condado de Clark, Mark Denton, se espera que dure aproximadamente 30 días y podría tardar meses en resolverse, según Nevada Public Radio, una emisora sin fines de lucro sostenida por sus miembros que cubre el caso.
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Coyote Springs Investment LLC, propiedad de la familia Seeno de California, argumenta que el ingeniero estatal de Nevada, en la práctica, se apropió de los derechos de agua que la empresa necesita para construir viviendas en el terreno — una afirmación que la empresa describe como una expropiación inconstitucional bajo la cláusula de propiedad de la Constitución de Nevada.
La disputa se remonta décadas atrás. El ingeniero estatal de Nevada determinó hace años que el acuífero bajo Coyote Springs, aproximadamente a 50 millas al noreste de Las Vegas, no contiene suficiente agua subterránea para sostener la ciudad planificada que los desarrolladores alguna vez imaginaron — un proyecto presentado como el doble del tamaño de Summerlin, con campos de golf y hoteles casino incluidos. La Corte Suprema de Nevada confirmó por unanimidad la amplia autoridad del estado para regular cuencas de agua subterránea conectadas, según el medio sin fines de lucro Nevada Independent.
No se ha construido ni una sola vivienda en Coyote Springs. Funcionarios estatales argumentan que cada restricción impuesta a los derechos de agua del desarrollador estuvo respaldada por ciencia y orientada a proteger al público, incluidos el río Muddy y el dace de Moapa, un pez en peligro de extinción que no existe en ningún otro lugar del planeta.
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Si el juez Denton falla a favor de los desarrolladores, una segunda fase del juicio le pediría a un jurado fijar el monto del pago — una suma que, según los abogados, podría llegar a miles de millones y saldría directamente de las arcas del estado.
El caso pone a prueba el sistema de apropiación previa de Nevada, la doctrina centenaria que clasifica los derechos de agua por antigüedad y permite al estado cortar primero a los titulares de derechos más recientes durante escasez. Un fallo a favor de los desarrolladores podría abrir la puerta para que cualquier usuario de agua cuyos derechos sean restringidos demande al estado por compensación — un escenario que los abogados especializados en agua advierten que el presupuesto de Nevada no podría sostener.
El juez Denton se jubilará a inicios del próximo año. Lo que decida en los próximos meses podría ser su última palabra en un caso que los abogados de ambas partes coinciden en que podría determinar si el ingeniero estatal de Nevada vuelve a decirle que no a un desarrollador sin temer la factura que vendrá después.
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