Nevada creó en 1965 una comisión de cinco miembros para elevar el estándar de capacitación de la policía local. Seis décadas después, la ley estatal le asigna a esa misma comisión una tarea distinta: verificar si un solicitante ya tiene un historial documentado de mala conducta antes de siquiera entregarle una placa.
La 53ª Legislatura de Nevada aprobó el Proyecto de Ley de la Asamblea 390 en 1965, creando una comisión de cinco miembros encargada de elevar la competencia de los oficiales de la ley locales y estatales fijando estándares mínimos de capacitación, según un informe de comité interino de la Legislatura de Nevada sobre la historia de la comisión. Ese organismo está codificado hoy como la Comisión de Normas y Capacitación de Oficiales de Paz bajo el NRS 289.500, conocida comúnmente por sus siglas en inglés, POST.
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La comisión cambió de manos repetidamente en las décadas siguientes. Se convirtió en el Comité POST bajo la Comisión de Crimen de Nevada en 1969, y luego pasó al Departamento de Vehículos Motorizados y Seguridad Pública en 1981, según el mismo informe legislativo. Se convirtió en una agencia independiente que reporta directamente a la Oficina del Gobernador en 1999, indica el informe.
La comisión adoptó su sistema actual de tres niveles para clasificar a los oficiales de paz —Categoría I, II y III— en 1987, y la Legislatura de Nevada amplió su membresía de cinco a nueve comisionados en 2005, según el informe del comité interino y el propio informe anual del año fiscal 2020 de POST. La ley estatal asigna hoy esos nueve asientos por geografía y tipo de agencia: dos miembros del Condado de Clark, con uno proveniente de un departamento de policía metropolitano donde exista uno, uno del Condado de Washoe, tres de otros condados de Nevada, uno de una agencia estatal que emplee oficiales de Categoría I, y uno cada uno de los rangos de oficiales de Categoría II y Categoría III, bajo el NRS 289.500. El gobernador nombra a los nueve a partir de nombres presentados por los gobiernos de condado y organizaciones de oficiales de paz, indica el estatuto. El propio directorio de la comisión de POST actualmente lista al alguacil del Condado de Douglas, Daniel Coverley, como presidente del panel.
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Durante la mayor parte de la historia de la comisión, su autoridad se centró en los planes de capacitación y no en la rendición de cuentas de los oficiales. Eso cambió con la legislación que la Legislatura de Nevada aprobó durante su sesión de 2023. El NRS 289.555, agregado por primera vez a la ley de Nevada en 2003, fue enmendado ese año para prohibir que una persona sirva como oficial de paz si esa persona ha sido reportada al Índice Nacional de Descertificación de la Asociación Internacional de Directores de Normas y Capacitación de Aplicación de la Ley o una base de datos equivalente, ha sido descertificada por Nevada o la autoridad certificadora de otro estado, o ha sido condenada por un delito grave o un delito calificado de violencia doméstica, según el texto del estatuto.
El Proyecto de Ley del Senado 225 de esa sesión de 2023 agregó dos requisitos más. El NRS 289.557 ahora exige que todo solicitante de certificación de oficial de paz presente una declaración jurada confirmando que la persona no ha sido despedida ni sancionada por una agencia de aplicación de la ley por conducta que la descalificaría bajo los reglamentos de la comisión, y que no ha renunciado a un empleo de aplicación de la ley mientras una investigación de mala conducta estaba pendiente, según el estatuto. La comisión debe negar sumariamente cualquier solicitud a la que le falte esa declaración jurada, y debe consultar el Índice Nacional de Descertificación antes de certificar a cualquier persona, indica el estatuto.
Una disposición complementaria, el NRS 289.585, exige que las agencias de aplicación de la ley de Nevada notifiquen de inmediato a la comisión cuando un oficial sea acusado de un delito que los reglamentos de la comisión autoricen como causa para revocar o suspender una certificación, o cuando un oficial renuncie o de otro modo se separe de un empleo mientras una investigación de mala conducta esté pendiente. Las agencias también deben enviar a la comisión un resumen por escrito del resultado de esa investigación una vez que concluya, según el estatuto.
La comisión de cinco miembros que el Proyecto de Ley de la Asamblea 390 creó en 1965 para elevar los estándares de capacitación se ha convertido, seis décadas y tres reorganizaciones después, en el punto de control en el que la ley estatal ahora confía para impedir que un oficial con un historial documentado de mala conducta simplemente cambie de departamento y empiece de nuevo.
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