Un jurado federal ya encontró responsable a la policía de Las Vegas por la condena injusta de Kirstin Blaise Lobato por asesinato. El propio comité fiscal de Metro aceptó ahora pagarle $29.5 millones: dinero de los contribuyentes, por un caso que el departamento peleó en los tribunales durante años antes de perder.
El Comité de Asuntos Fiscales del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas aprobó un acuerdo de $29.5 millones con Kirstin Blaise Lobato, una mujer que pasó más de 16 años en prisión tras ser condenada injustamente por el asesinato de Duran Bailey en 2001, según la propia agenda de la reunión del comité del 9 de septiembre.
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Un jurado federal falló a favor de Lobato en diciembre de 2024 y le otorgó $34 millones en daños en su demanda civil contra el departamento. El acuerdo aprobado este otoño es una reducción frente al veredicto del jurado.
El abogado de Lobato, David Owens, confirmó que el acuerdo fue aceptado durante la reunión del comité. Lobato ha recibido desde entonces un certificado de inocencia vinculado al caso.
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El acuerdo se paga íntegramente con fondos públicos, siguiendo el patrón de casi todos los acuerdos por mala conducta policial en el país. Investigadores han encontrado que casi nunca los pagan los agentes involucrados, sino los presupuestos municipales, financiados por los contribuyentes, de los departamentos que los emplean.
El Comité de Asuntos Fiscales de LVMPD, el órgano que aprobó el acuerdo, funciona como comité permanente del departamento. Se encarga de revisar y recomendar decisiones financieras, incluidos los acuerdos de litigios, antes de que avancen.
La ley de Nevada no exige que los agentes de policía que hayan fabricado evidencia aporten personalmente a los acuerdos que resultan de esa conducta. Por eso las consecuencias financieras de la condena injusta recaen por completo en fondos públicos y no en las personas ni en el personal del departamento que construyó el caso original contra Lobato.
Kirstin Blaise Lobato perdió 16 años de su vida por una condena construida sobre evidencia que un jurado federal determinó que fue fabricada. El acuerdo de $29.5 millones cierra su caso. No hace nada por identificar, en el registro público, quién dentro de LVMPD armó ese caso en primer lugar, ni si todavía porta una placa.
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