Una legisladora de Nevada que respaldó el marco de subsidios a centros de datos del estado hace una década es ahora una de sus críticas más ruidosas. Los registros de financiamiento de campaña muestran por qué el giro plantea preguntas.
La asambleísta Maggie Carlton — registrada bajo su antiguo nombre, Benitez-Thompson, en registros anteriores — votó a favor de la legislación de 2015 que creó el marco de exención fiscal para centros de datos de Nevada. Registros estatales de financiamiento de campaña revisados por el medio sin fines de lucro Nevada Independent muestran que sus campañas aceptaron al menos $9,000 de intereses relacionados con Switch, cabilderos y empresas involucradas en el debate sobre exenciones fiscales para centros de datos, junto con $23,000 de NV Energy, Nevada Power y Sierra Pacific Power entre 2010 y 2020.
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Esas contribuciones no establecen que haya ocurrido algo indebido. Pero se suman a un registro público: una legisladora que votó a favor del marco de subsidios, recibió apoyo de campaña de intereses vinculados a la industria y a la empresa eléctrica dominante del estado, y se convirtió en una crítica vocal de los centros de datos solo después de que el auge se volviera políticamente impopular.
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Benitez-Thompson ha defendido el cambio trazando una distinción entre la industria que Nevada subsidió en 2015 y la que ahora se expande por todo el estado. Le dijo al Nevada Independent que nadie en 2015 anticipó que la inteligencia artificial alcanzaría su escala actual.
El debate tiene consecuencias financieras reales. Nevada ha aprobado aproximadamente $457 millones en exenciones fiscales proyectadas para centros de datos bajo el marco que su voto anterior ayudó a crear, según reportes de Nevada Independent.
La representante estadounidense Dina Titus le pidió por separado al gobernador Joe Lombardo pausar las exenciones fiscales estatales específicamente para proyectos de centros de datos propuestos en terreno federal, citando preocupaciones sobre el uso de agua, el calor extremo y la confiabilidad de la red eléctrica vinculadas al proyecto propuesto Townsite Solar 2 cerca de Boulder City.
La solicitud de Titus es más limitada de lo que podría parecer. Solo pausaría las exenciones para proyectos en terreno federal — no derogaría el programa de incentivos más amplio de Nevada, no recuperaría subsidios ya otorgados, ni afectaría proyectos en propiedad privada, que constituyen la mayor parte de los $457 millones ya aprobados.
Los demócratas de Nevada se apresuran a parecer duros con una industria que algunos de ellos ayudaron a subsidiar hace una década. Si eso es un giro genuino o una retirada política depende de lo que suceda con los otros $457 millones en exenciones fiscales que nadie en Carson City ha propuesto recuperar.
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